por Pedro Miguel

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Para decirlo en pocas palabras: la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su abreviatura en inglés) es la más importante ofensiva que el capital trasnacional ha emprendido en décadas en contra de la soberanía de las naciones y los derechos de los trabajadores, los ciudadanos y los consumidores. Disfrazado de ambicioso pero inocente tratado de libre comercio e integración económica, las negociaciones para el TPP –que Enrique Peña Nieto desea firmar este mismo año– involucran a los gobiernos de Estados Unidos, Chile, Perú, México, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Malasia, Japón, Canadá y Vietnam, todos los cuales negocian febrilmente en el más puro estilo tecnocrático, es decir, en lo oscuro y de espaldas a la sociedad.

Oficialmente, el TPP tiene como propósito dinamizar las economías de los países que lo firmen, potenciar sus exportaciones, generar más empleos y bla, bla, bla. Muy parecido fue el discurso con el que el salinato justificaba el uncimiento de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y miren qué bien nos va en materia de crecimiento y de generación de empleos: la industria nacional resultó destruida, el campo fue devastado, se frenó en forma trágica la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica nacionales, a falta de otros productos la economía exportó seres humanos –aunque, formalmente, la migración no forma parte del TLCAN–, la soberanía nacional se vio gravemente debilitada (hoy, bajo el marco legal vigente de dicho tratado, sería imposible efectuar una nueva expropiación petrolera, por ejemplo), los trabajadores mexicanos son alentados a competir en productividad con sus homólogos estadunidenses, que ganan salarios 15 veces mayores y tienen mejores condiciones de vida, nos quedamos sin instituciones bancarias propias y el país se integró de lleno a la cadena productiva de la delincuencia trasnacional, con los resultados en muerte y destrucción que están a la vista de todos, menos a la del grupo gobernante.

Las beneficiarias del acuerdo serían, básicamente, las 500 empresas en las que se concentra el 70 por ciento de las exportaciones manufactureras. Al resto del país le sirve de muy poco ser un gran exportador de petróleo, drogas y gente.

Pero las negociaciones hacia la firma del TPP son más incluyentes que las del TLCAN y abarcan aspectos como los servicios financieros, la propiedad intelectual y, por vía de ésta, el establecimiento de una vigilancia policiaca supranacional de Internet.

La propiedad es un robo, decía Proudhon, y actualmente la propiedad intelectual es la modalidad más descarnada del saqueo corporativo. Gracias a las disposiciones legales que la protegen, trasnacionales de Estados Unidos y Europa registran el genoma de especies vegetales y animales de la Amazonia, por ejemplo, hurtan patrimonio cultural a sus legítimos creadores –es decir, los pueblos– y construyen fortunas mediante la explotación de patentes desarrolladas, o también robadas a terceros. El ámbito de los diferendos por la propiedad intelectual es, desde siempre, un terreno favorable para el más fuerte en recursos económicos, servicios legales, poder de compra de jueces y funcionarios, y capacidad de cabildeo en los congresos.

Eso quiere decir que si el TPP se impone en los términos que preconizan los representantes estadunidenses, pueden irse olvidando del abasto de ciertos medicamentos genéricos en los servicios de salud pública y en el comercio privado. Pueden olvidarse, también, del anonimato y la privacidad en el uso de Internet: con el pretexto de que alguien subió a su blog o a su página de Facebook una foto con derechos registrados, una corte de Estados Unidos o de Japón podría perseguir a un proveedor de acceso o a un internauta en Tlaxcala, Concepción o Lima. De hecho, mediante las disposiciones del TPP las corporaciones estadunidenses podrían lograr un atajo para conseguir lo que no han logrado, hasta ahora, con la infame ley antipiratería conocida como SOPA (Stop Online Piracy Act), y lo lograrían a escala trasnacional.

Por añadidura, según un documento del Congreso estadunidense, las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico pueden abrir un espacio para abordar cuestiones adicionales, como la reconsideración por parte de México a la exclusión de la inversión privada en su industria petrolera. Es decir, el TPP vendría a ser el plan B de Peña Nieto en caso de que fracase su proyecto de entregar el petróleo nacional, por medio de reformas constitucionales y legales, a las corporaciones energéticas privadas, nacionales y extranjeras.

Por último: dice el Peterson Institute for International Economics, con sede en Washington, que este acuerdo trasnacional podría reportar ganancias netas globales mayores a 295 billones de dólares anuales. Leyeron bien: ganancias, es decir, utilidades. El negocio sería enorme, sí, y sería para unos cuantos. Para las poblaciones de los países firmantes, en cambio, el TPP es un grave peligro.

Fuente: La Jornada