Desde hace varios años se debate la necesidad de reformar el órgano máximo de las Naciones Unidas debido a que ya no representa la estructura de poder dominante. Sin embargo, aún no se ha logrado ningún avance ya que los que deben decidir sobre su reforma son los mismos que tienen el poder de vetarla.
El Consejo de Seguridad es el órgano encargado de velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, según la Carta de Naciones Unidas, que data de 1945. Cuenta con cinco miembros permanentes y diez no permanentes (que rotan cada dos años). Lo particular del asunto es que los miembros permanentes tienen poder de veto, es decir, que se necesita de su aprobación para tomar cualquier decisión de fondo. Esos países son los que resultaron ganadores de la Segunda Guerra Mundial (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China), lo que significa que sigue imperando hoy un orden internacional que se corresponde a la posguerra y que nada tiene que ver con la lógica de poder actual.
El mencionado “poder de veto” impide el tratamiento efectivo de los temas urgentes que amenazan la estabilidad y la seguridad internacionales cuando alguna de las potencias se ve involucrada. De esta manera, el Consejo se ve imposibilitado para tratar temas como el conflicto palestino-israelí (veto estadounidense) o la crisis en Ucrania (veto ruso), e incluso algunas otras cuestiones como el status político del Tíbet y Taiwán (veto de China); el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas (veto del Reino Unido); o la protección de los Derechos Humanos en Sahara Occidental (veto de Francia).
En cuanto a los países de América Latina, en su rol de miembros no-permanentes, se han caracterizado por promover los valores de la paz y la estabilidad dentro del Consejo de Seguridad.
Colombia y México, por ejemplo, desde sus presidencias temporales instaron a fortalecer la ayuda humanitaria a Haití y en el continente africano, mientras que Argentina y Panamá hicieron hincapié en las medidas en contra de la proliferación de energía nuclear con fines no pacíficos, entre otras cuestiones.
Brasil, por su parte, además de haber participado activamente en el Consejo promoviendo la solución pacífica de controversias y el fortalecimiento de las misiones de paz de Naciones Unidas, se destaca por ser uno de los países que aspira a conseguir un asiento permanente dentro el Consejo en caso de que se logre implementar una reforma que lo permitiese.
Brasil se encuentra junto con Japón, Alemania y la India en un grupo conocido como G4, que promueve la adaptación del órgano ejecutivo de la ONU a un esquema representativo del poder mundial actual. Los casos de Japón y Alemania son paradigmáticos debido a los altos índices de desarrollo que lograron luego de haber sido vencidos en la Segunda Guerra Mundial, hecho que les impidió originalmente formar parte del selecto grupo de potencias con derecho a veto.
Por otro lado, India y Brasil, además de Sudáfrica, han acordado junto con Rusia y China promover una “reforma integral” del Consejo de Seguridad desde el bloque BRICS, cuyo objetivo fundacional es justamente el de proponer un cambio en el esquema geopolítico mundial. Todos estos países aspiran a que se amplíe la cantidad de miembros permanentes dentro del Consejo para poder ocupar un asiento.
Los estados latinoamericanos, en general, están de acuerdo con la necesidad de llevar adelante una reforma, sin embargo, no se logra definir en qué consistirá. En caso de ampliarse la cantidad de miembros, ¿con qué status ingresarán?, ¿por cuánto tiempo?, ¿se mantendrá el derecho a veto?, ¿habrá representación geográfica o se guiarán por variables económicas?
Mientras que Chile, Uruguay y Perú apoyan la incorporación de Brasil como miembro permanente, Argentina, Colombia y México proponen la eliminación de esa categoría pensando que un sistema de bancas semi-permanentes o rotativas con representación geográfica sería más democrático y eficiente a la hora de garantizar la paz y la seguridad internacionales.
Además, México propone aumentar la cantidad de miembros no permanentes con derecho a reelección inmediata y Argentina hace hincapié en que las decisiones deberían ser tomadas por consenso. La propuesta de Bolivia, por otro lado, consiste directamente en la eliminación del Consejo de Seguridad, otorgándole todas las responsabilidades a la Asamblea General.
En cuanto a la Federación de Rusia, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ya ha aclarado que está dispuesto a aceptar cualquier tipo de reforma que sea consensuada por la comunidad internacional. Sin embargo, como vimos más arriba, se prefiere la propuesta de la ampliación de los miembros permanentes, ya que de esa forma no perdería su preciado derecho a veto.
Aunque no existe vínculo directo entre la posición rusa y las diferentes posturas de América Latina (más allá de aquella del grupo BRICS), cierto es que se comparte con la región la voluntad de fortalecer un orden internacional multilateral donde prime el consenso entre las naciones. En palabras del presidente ruso Vladímir Putin: "El multilateralismo en los asuntos mundiales, el respeto al derecho internacional, el fortalecimiento del papel central de la ONU y el desarrollo sostenible son los principios que nos unen [con los países de América Latina]".
En este sentido, la modernización de la estructura de las Naciones Unidas sería sumamente útil para profundizar los vínculos de cooperación que han surgido en los últimos años entre Rusia y América Latina, no sólo en materia comercial, sino logrando convertirse en importantes aliados políticos.
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